Antecedentes

El ejercicio de un servicio profesional de carácter jurídico requerido por las funciones de la administración universitaria, se había venido atendiendo en diversas modalidades y grados, por medio de la colaboración de distintos abogados, prácticamente desde que adquirió la institución el carácter de Universidad en 1956.

En un principio el Rector o el Secretario General atendían directamente los servicios jurídicos de la Universidad, cuando tenían la calidad de abogados. Gradualmente la demanda de este servicio se hizo más enérgica, y esto dio origen a que a partir del año de 1970 se produjeran los primeros nombramientos a favor de diversos profesionistas, como asesores jurídicos de la Rectoría, los primeros se les confirieron a los Lics. Antonio Huitrón Huitrón, Benito Sánchez Henkel, Alejandro Caballero Carrillo y otros, sin asumir algún cargo de carácter administrativo.

Cuando el Lic. Antonio Huitrón Huitrón fungió como Rector interino, se creó el Departamento Jurídico y de Legislación de la Universidad, su función primordial era la de atender las peticiones y planteamientos de los entonces nacientes sindicatos del personal académico y administrativo de la Institución. El primer jefe del Departamento fue el Lic. Jaime Almazán Delgado.

Siendo Rector el Lic. Carlos Mercado Tovar, el Departamento Jurídico y de Legislación de la Universidad se transformo en Dirección Jurídica de la Universidad, con la atribución de asesorar a las dependencias universitarias en la resolución de sus problemas jurídicos, atender los asuntos jurídicos en que la Institución fuere parte. El primer Director fue el Lic. Epimaco Jaramillo Vences.

El Plan General de Desarrollo formulado en la administración del Ing. Quim. Agustín Gasca Pliego, de fecha 4 de abril de 1983, transforma la Dirección Jurídica de la Universidad en Dirección General Jurídica de la Universidad Autónoma del Estado de México. La nueva denominación superaba la que de hecho se venia dando en otros organismos universitarios al encargado de estas funciones, como “Abogado General” y cuya significación se considero en esos momentos en un franco desuso, por referirse a la persona y no a la función, como corresponde a una estructura administrativa.

A los veintinueve días del mes de noviembre de 1991 se aprueba el Acuerdo que Establece la Estructura Orgánica de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México, en su exposición de motivos deja claro que se emprendió la Reforma Integral de la Legislación Universitaria de la UAEM, como un programa que dotara a la Institución de una normativa constitutiva y orgánica acorde a su transformación. De este modo las tareas de apoyo técnico a este proceso asumidas por la Dirección General Jurídica y Consultiva, así como la ampliación de las funciones que tenía a su cargo resultantes del crecimiento y desarrollo de la Institución, y las que emanarán de su transformación y nuevo orden legislativo, obligaron a elevar el contexto de ubicación y actuación de esta dependencia, motivando el transformarla en la figura de Abogado General de la Universidad.

OBJETIVO

Atender lo conducente para la observancia y cumplimiento del orden jurídico vigente en la Universidad así como salvaguardar los intereses jurídicos de la institución como representante de la misma. El Abogado General tendrá como funciones básicas las siguientes:
• Representar legalmente a la Universidad Autónoma del Estado de México.
• Asesorar a la representación de la Universidad ante las Comisiones Mixtas previstas en los Contratos Colectivos de Trabajo del Personal Administrativo y del Personal Académico, así como de aquellas que se lleguen a crear.
• Integrar los instrumentos jurídicos en los cuales las Universidad interviene.
• Interpretar la Legislación Universitaria.
• Dictar las medidas correspondientes, con el objeto de unificar criterios y procedimientos jurídicos en las diversas dependencias universitarias.
• Asesorar a las instancias y dependencias universitarias sobre las disposiciones legales y reglamentarias que les sean aplicables.
• Dirigir la integración de la legislación universitaria así como sus criterios de interpretación y aplicación para facilitar el conocimiento de la misma por parte de la comunidad universitaria.
• Controlar legalmente el patrimonio universitario.